II ciclo de Diálogos sobre Ciencias Sociales, Estado y Sociedad
Charla sobre Identificación Forense y Derechos Humanos
Con la presencia de diferentes actores relacionados a los Derechos Humanos y a la identificación forense, se llevó a cabo en FACSO el II Ciclo de Diálogos sobre Ciencias Sociales, Estado y Sociedad. La Actividad, que tuvo por objeto establecer un diálogo, repensar las políticas de identificación forense en nuestro país y el rol que ha jugado nuestra Universidad en ello, fue organizada por la Dirección de Investigación y publicaciones de FACSO y el profesor del área de Antropología Física de FACSO, Rodrigo Retamal.
Charla sobre Identificación Forense y DD.HH. en II ciclo de Charlas sobre Ciencias Sociales, Estado y Sociedad
El profesor del área de Antropología Física organizó el Ciclo de Diálogos junto a la Dirección de Investigación y Publicaciones de FACSO.
Gran cantidad de asistentes tuvo el encuentro
De derecha a izquierda: Erika Hennings, María Luisa Sepúlveda, Alejandra Jimenez y Eugenio Aspillaga.
Como una forma de repensar las políticas de identificación forense y la historia que nuestra Universidad y facultad han tenido en este proceso, el martes 22 de septiembre se llevó a cabo la charla “Memoria y DD.HH. repensando las políticas de identificación forense”, en el contexto del II ciclo de diálogos sobre Ciencias Sociales, Estado y Sociedad.
Organizada por la Dirección de Investigación y Publicaciones de FACSO y el profesor del Departamento de Antropología, Rodrigo Retamal Yermani, en la actividad expusieron diferentes expertos y miembros de asociaciones de DD.HH., que lograron dar una mirada histórica y heterogénea al tema de la identificación forense y a como este se relaciona con el pasado reciente de nuestra nación y con el dolor de cientos de familiares de las víctimas de la dictadura militar.
Expusieron en el encuentro el profesor del Departamento de Antropología, Eugenio Aspillaga; la Presidenta de la Comisión Asesora para las Políticas de Derechos Humanos, María Luisa Sepúlveda; la Coordinadora del Programa de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, Alejandra Jimenez; y la miembra de la Organización Londres # 38, Erika Hennings. También asistió la Sub Directora de Investigación y Publicaciones, Paulina Osorio, quien abrió el encuentro.
Para el profesor Rodrigo Retamal, quién actuó como moderador, la actividad tuvo la intención de recoger el testimonio de personas que han vivido y trabajado el tema de los Derechos Humanos. Al mismo tiempo expresó que nuestra compleja sociedad nos obliga a confiar cada vez más en los especialistas y científicos, pero si por alguna razón ese lazo de confianza se rompe, nos sentimos completamente desvalidos, “y cuando el especialista se vincula con el estudio de la identificación de restos humanos, debemos asegurarnos que esos huesos o restos, remanentes inentendibles de humanidad para un ciudadano normal, sean nuestros familiares y seres queridos. Si este lazo se rompe se da vuelta atrás, se retrocede como persona, como familia, como país”, enfatizó el académico.
En este sentido y haciendo referencia a los errores de identificación ocurridos durante el año 2006 en el caso del Patio 29, para el Antropólogo Físico de FACSO, “ha sido el deber del estado chileno el velar por la regeneración de la confianza entre los especialistas en identificación y la comunidad”. Por otra parte, y según Retamal, estas charlas tienen por objeto repensar el rol de la Universidad de Chile y de nuestra Facultad en el tema de la identificación de restos humanos y de derechos humanos.
Un recorrido histórico por nuestra Universidad
El profesor Eugenio Aspillaga es Antropólogo Físico y tiene una larga y reconocida trayectoria no tan solo en nuestra universidad, sino también en el ámbito nacional. Es por esto, que haciendo un recorrido histórico por los intentos de constituir una línea de Antropología Forense en nuestra Facultad y Universidad, llega a la conclusión de que a pesar de variados intentos y pequeños éxitos, históricamente la Universidad de Chile no ha tenido una política respecto a la identificación de restos asociados a los derechos humanos.
Esta aseveración del profesor Aspillaga radicaría en que a pesar de que ya han transcurrido décadas desde que el Profesor del Departamento de Antropología Juan Munizaga (a quién reivindica como padre de la Antropología Física chilena) formara una colección documentada de individuos de la población de Santiago, con miras a generar conocimiento científico para la identificación de restos humanos, aún hoy no se ha podido consolidar una línea de Antropología Forense en la Universidad, con las serias consecuencias que eso le ha traído al país.
El problema, según el profesor Aspillaga, se asocia a diversos factores, entre los cuales uno de vital importancia ha sido la dictadura militar: “todo el intento de afianzar una línea de antropología forense se vio frustrada por la dictadura militar. Hubo muchas mudanzas arbitrarias de nuestras colecciones (…) por eso, pasaron muchos años en que las colecciones no estuvieron disponibles para la investigación y por lo tanto esa promesa que se había hecho con Juan Munizaga de estandarizar los métodos de identificación no pudo ser cumplida”, explica el académico de FACSO, quien enfatiza también que “la gran falta nuestra fue no haber generado las condiciones para que el proyecto de Juan Munizaga se llevara a cabo”.
Al mismo tiempo, el profesor Aspillaga reconoce que tampoco existen fondos públicos para investigar en Ciencias Forenses, lo que hace muy difícil que un académico puede obtener recursos para dedicarse a estas áreas.
La colección osteológica que Juan Munizaga inició en la década de los ’60 aún se encuentra guardada en nuestra Facultad, pero el académico del Departamento de Antropología considera que para “generar investigación en forma consistente que permita tener estándares adecuados para la identificación de osamentas, se requiere de trabajo colaborativo entre antropólogos, hematólogos, odontólogos (…) y las Universidad de Chile tiene las bases para ofrecer un soporte de investigación importante, pero hay que hacer una demanda conjunta al Estado para que exista una preocupación mayor por los recursos para la investigación forense”. Al mismo tiempo, plantea que la enseñanza de las ciencias forenses debiera ser más adecuada.
Coordinando desde el Gobierno
María Luisa Sepúlveda es Presidenta de la Comisión Asesora para las Políticas de Derechos Humanos de la Presidencia, instancia que se formó a raíz de los errores en identificaciones de restos humanos de detenidos desaparecidos, durante los primeros meses del gobierno de Michelle Bachelet.
Uno de los ejes centrales de esta comisión para establecer un ordenamiento de las diferencias instancias involucradas en el tema, es el proceso de identificación de victimas, para lo cual se creó un Panel de Expertos que asesoraran al Servicio Médico Legal (SML) y que diera recomendaciones generales para establecer correctos protocolos de identificación. Uno de los tres expertos chilenos de esta Panel era el Profesor del Departamento de Antropología, Eugenio Aspillaga, quien hasta el día de hoy es miembro del Comité asesor del SML.
Luego del retorno de la democracia a nuestro país “se constituyó un equipo en el SML que tenía mucho entusiasmo pero carecía de las competencias y en el año 2005 nos encontramos con las primeras certezas de los errores de identificación”, comenta María Luisa Sepulveda.
Uno de los problemas asociados a los errores y a las políticas de identificación forense anteriores, era lo desvinculados que trabajan los equipos, “como era un tema tan nuevo y difícil, no fue un trabajo de equipo e integrado, sino que lo hicieron los médicos o antropólogos, pero se desvincularon las familias, los abogados, las circunstancias, los hechos, etc. (…) entonces se entregaban informes, pero no había ningún juicio crítico en el que se pudieran mirar estos informes y contrastarlos con algún otro elemento que permitiera un proceso con menos errores”, comenta la presidenta de la comisión.
Es por esto que un eje central de esta comisión no sólo ha sido sentar bases para que el SML trabaje más adecuadamente a través de la asesoría de expertos, sino también integrar a los diferentes organismos, pues son varios los elementos que contribuyen en la positiva identificación de víctimas. “Se invitó a los familiares y organismos a participar en todo el proceso desde un principio y eso fue un acierto del trabajo y que ha sido un eje en todo el trabajo de estos cuatro años”, comentó la Sra. María Luisa Sepúlveda.
Ciencias Forenses al servicio de los Derechos Humanos
En la actualidad y luego de los errores del Patio 29, el Servicio Médico Legal ha sufrido una profunda reestructuración y mejora en la gestión del trabajo relacionado a identificación de victimas de los derechos humanos. Esto es reconocido no sólo por la Coordinadora del Programa de DD.HH del SML, Alejandra Jimenez; sino también el profesor Eugenio Aspillaga, quién formó parte del Panel de Expertos y actualmente asesora a este servicio; y por la Presidenta del Consejo Asesor de la Presidencia.
De hecho, se ha establecido una muy positiva relación entre el área de Antropología Física de FACSO y el SML. “Con el trabajo que se derivo del panel internacional de expertos convocado por la presidencia, se estableció un vinculo de confianza con el SML y se han abierto espacios para que estudiantes de antropología física con formación en osteología puedan desenvolverse como parte del equipo del SML y empezar a constituir una antropología forense” comentó el profesor Aspillaga. De hecho actualmente colaboran en el área de Derechos Humanos, el profesor Rodrigo Retamal y varios egresados de la mención.
Para la Coordinadora del Programa de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, Alejandra Jimenez, la importancia de las Ciencias Forenses radica en que “Los resultados que genere el SML necesariamente impactan la verdad, la justicia y la reparación de los familiares”.
Al mismo tiempo y haciendo un recorrido histórico, asevera que estas también se han visto fuertemente impactadas por las complejos momentos políticos que ha pasado nuestro país y el resto de Latinoamérica. Haciendo referencia a 1973, Jimenez comenta que “ningún país de Latinoamérica estaba preparado para enfrentar un desafío de tal naturaleza (…) todos los servicios de un estado se ven intervenidos en un régimen militar y hay que entender que entre septiembre y marzo de 1973 se reportan 330 personas desaparecidas en la Región Metropolitana. Eso quiere decir que la capacidad del SML se debió haber visto en un 500% superada y que las autopsias que se practicaron a estas personas eran muy pobres para cumplir con los requerimiento de una autopsia médico legal”. En este sentido, Jimenez considera que entre 1973 y 1990, no hay propiamente desarrollo de las Ciencias Forenses, lo que implicó un gran atraso para nuestro país.
El panorama cambia cuando llega la democracia, pues sólo en los primeros tiempos se exhuman 126 restos, “lo que significaba una tarea titánica que asumen los peritos de la apoca del SML, y la asumen durante 10 años, con los conocimientos de la época y con las posibilidades de la época”. De este modo – prosigue la odontóloga- “se hacen identificaciones a estos restos con las técnicas de la superposición cráneo-foto (…) la odontología apenas si se escuchaba y se acostumbraba hacer identificaciones con huellas digitales”.
Es en este contexto y debido a que una familiar no conforme pide una nueva pericia, que se realiza el examen de ADN mitocondrial, primero a una víctima y luego a los 96 restos del patio 29. Los resultados arrojan que casi la mitad de ellos eran excluyentes, esto significa que podrían no corresponder a las identidades de las personas que se les habían adjudicado. “Entonces se desata una nueva tragedia humanitaria, un escándalo que desborda todas las esferas de las sociedad y la responsabilidad no podríamos verla solamente en el organismo forense, sino que es una responsabilidad de todos los organismos del estado”, comentó la Coordinadora del Programa de Derechos Humanos del SML.
Desde las víctimas
Por su parte, la presidenta de la asociación Londres 38, Erika Hennings, explicó que para ellos y para ella en particular era muy difícil conectarse con el tema de la identificación, pues muchos aún estaban en la etapa de búsqueda. “Yo y otros familiares estamos todavía en la etapa anterior, que es el de la búsqueda, porque mi marido y muchos detenidos desaparecidos, son parte del grupo que fue detenido y hecho desaparecer por el organismo dirigido por Manuel contreras, la DINA, de quienes no se ha sabido nada o casi nada”, explicó Hennings.
La también víctima de la dictadura comentó con respecto a la identificación, que a raíz de los hechos ocurridos en el 2006 “como familiares hemos vivido con la incertidumbre, con la duda crónica, con la imposibilidad de encontrar respuestas”.
Al mismo tiempo, explica, “durante el 2006 se exacerba esa duda (…) es muy difícil aceptar la identificación como verdadera. El tema de la identificación es de enorme complejidad, es preciso todavía tener un encuentro con la población de familiares, pues las agrupaciones no necesariamente los contienen a todos ellos, hay mucha gente dispersa”, enfatiza Erika Hennings, quién sentencia: “Más allá de la identificación y de la posibilidad de comenzar un duelo, lo que va a permitir la reparación es la justicia y aún estamos lejos de eso”.
Carolina Quiroga Bachur
Comunicaciones FACSO
facsocom@uchile.cl
Viernes 25 de septiembre de 2009
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