José G. Vargas-Hernández, M.B.A.; Ph.D. Centro Universitario del Sur. Universidad de Guadalajara

México es un país altamente centralizado en un gobierno poderoso bajo el principio de no reelección y hasta recientemente una competencia política abierta y fuerte. Desde la independencia de México y durante los últimos dos siglos, el sistema político dominante ha sido presidencialista autoritario. A partir de los gobiernos surgidos de la Revolución Mexicana (1910-17), se establece una dictadura de partido dominante que monopoliza la representación política y un presidencialismo deformante, que Krauze llamó Presidencia Imperial, la cual debilita las facultades del poder legislativo y somete al poder judicial. Las formas del poder patriarcal representaron otro elemento del gobierno mexicano antes y después de la Revolución Mexicana.

El nacionalismo mexicano emergió como resultado de promover el capital mexicano privado y público para evitar las inversiones extranjeras, principalmente de Estados Unidos. El Estado mexicano se caracterizó por una desconfianza histórica al capitalismo y una creencia en la habilidad del gobierno para intervenir y regular los asuntos económicos por un mandato constitucional explícito. (Grier and Grier, 2000: p. 245). Sin embargo, el modelo de industrialización basado en la sustitución de importaciones (ISI) favoreció las inversiones mexicanas y se sobre entendió la provisión de beneficios a la población, desde los treinta y hasta los setenta. El sector público mexicano creció con la formación de corporaciones de propiedad pública. En 1982 las empresas de propiedad estatal produjeron el 14% del producto nacional bruto, recibieron transferencias netas y subsidios iguales a 12.7 por ciento del PNB y representaron el 38 por ciento de la inversión de capital fijo.

En nombre de las grandes conquistas de la Revolución Mexicana, durante los tiempos del Estado de Bienestar Mexicano, se formaron organizaciones que agruparon corporativamente a los militares, campesinos, obreros y sectores populares que evidencia el control político de la burocracia del partido de Estado en el poder y de los líderes "charros". El "charrismo" somete a los trabajadores a las reglas del partido oficial bajo presiones y amenazas de reducciones salariales y pérdidas de empleos, crédito agrícola, tráfico de pobreza urbana y rural, etc. para garantizar una reserva importante de votantes.

A pesar de que desde 1929 todos los presidentes mexicanos surgieron del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la continuidad de la política económica no siguió un patrón de comportamiento regular y coherente de formulación de políticas. Sin embargo, durante el período de la hegemonía del PRI (1929-2000), el gobierno cultivó cierto grado de consentimiento social para evitar niveles altos de represión, de tal forma que ha sido denominado como la "dictadura perfecta". En línea con los llamados poderes meta-constitucionales, el Presidente de México fue también la verdadera cabeza del Partido Revolucionario Institucional y tuvo como su facultad la designación de líderes nacionales y candidatos para la elección popular. El Presidente mexicano tenía al mismo tiempo el poder extensivo constitucional y el poder no escrito supraconstitucional o meta-constitucional, y el compromiso de la retención de su poder político durante su mandato y la continuación de su poder requerido para seguir el "ritual" de elegir a quien sería su sucesor. El Presidente en turno designaba a su sucesor generando expectativas mediante fenómenos conocidos como el "tapadismo" y el "dedazo" para señalar quien sería el elegido.

Como partido político hegemónico, en el sentido de que hegemonizó la vida política del país, el PRI se mantuvo en el gobierno del ejecutivo federal por 71 años y se convirtió en el centro del sistema político mexicano mediante mecanismos de control político de las organizaciones y sectores obrero, campesino y popular, tales como el caudillismo, corporativismo, etc., y mecanismos de control institucional de los procesos electorales. El corporativismo del PRI apostó a obreros y campesinos a quienes promovió pero no los liberó garantizándoles los derechos patrimoniales y con el pretexto de institucionalizar la Revolución Mexicana, se identificó mañosamente con las causas de democracia y justicia social. Sus logros en ambas asignaturas son muy pobres, aunque mantuvo la estabilidad social.

Analistas como Abascal y Macías (2000b) reconocen tres etapas en la evolución del PRI: Hegemónica, bipartidista y pluripartidista. La etapa hegemónica que va de 1929 a 1976, el PRI predomina sobre las demás fuerzas políticas sobre las que era infinitamente superior y mantiene un control total del poder político. En la etapa bipartidista que va de 1979 a 1985, el PRI mantiene un dominio sobre los partidos políticos de oposición pero pierde posiciones en los gobiernos municipales y estatales frente al PAN. En la etapa pluripartidista que va de 1988 al 2000, se abre la competencia política entre el PRI, el PAN y el PRD y comparten el poder en municipios y gobiernos estatales.

La eficacia de la "dictadura perfecta" según Vargas Llosa, la Presidencia Imperial de acuerdo con Krauze, o de la monarquía presidencial (Ortiz Pincheti, 2000) tuvo una etapa de prosperidad que coincide con el período de desarrollo estabilizador, de 1940 a 1970 y el período de desarrollo compartido de 1970 a 1980, en donde hubo grandes avances en materia de política social, si bien no se eliminaron la pobreza y la desigualdad social, surgió una clase media fuerte que reclamaba espacios de participación política. La "dictadura perfecta" se apuntaló mediante el derramamiento de sangre de los menos favorecidos. El modelo de Estado que distribuye el poder surgido de la Revolución Mexicana entra en crisis y genera violencia institucionalizada.

Después de 22 años de estabilidad monetaria y crecimiento sostenido en el final del período de Echeverría (1970-76), el peso se devaluó, se presentó una crisis económica y las constantes tensiones con los empresarios se agudizaron, quienes fundaron el Consejo Coordinador Empresarial para la defensa de sus intereses frente a un Estado interventor. En 1982, el Presidente López Portillo nacionalizó la Banca en medio de una crisis económica generalizada provocada por la caída de los precios del petróleo, la devaluación del peso, el incremento de las tasas de interés y el país se declaró prácticamente en suspensión de pagos. Esta decisión fracturó el pacto entre el Estado y los empresarios.

La mayor parte de Latinoamérica experimentó crisis financiera en los ochenta y la mitad de los noventa. En México, grandes crisis económicas ocurrieron en 1976, 1982, 1987 y 1994-95. Por lo mismo, estas crisis económicas se volvieron repetitivas y se intensificaron, con intervalos de periodos que experimentaban rápida recuperación económica. Los mexicanos sufrimos períodos dramáticos de alta inflación, déficits en la balanza de pagos, devaluación, fuga de capitales, desempleo creciente y poder de compra declinante.

Ante las presiones de los acreedores de México para garantizar el pago de su deuda externa, desde principios de la década de los ochenta se instrumentó el denominado "Consenso de Washington" que impone la regla neoliberal infalible de libre mercado y sistema democrático con elecciones libres. Así la "agenda neoliberal" que propuso los programas de ajuste estructural y estabilidad económica se impusieron como condiciones para negociar las "crisis de la deuda" mexicana de 1982, 1987 y 1994-95 por los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Así, después de la crisis de 1982, México entró en un período doloroso y controvertido de reestructuración del Estado, que implicaron la reorganización económica, apertura del mercado nacional, eliminación de barreras comerciales, eliminación de controles de precios y subsidios, privatización de las empresas públicas y propiedad del Estado, reducciones al gasto de las políticas sociales, libre cambio de la moneda, así como amplias reformas políticas y una modernización administrativa. Se abandonó el modelo de sustitución de importaciones y se pone en entredicho al Estado interventor en la economía.

El principal propósito de las reformas impulsadas en México fue el de desarrollar una amplia base competitiva del sector exportador de bienes no tradicionales. México ingresa al GATT en 1986 y se convierte en un exportador de manufacturas. La reducción del tamaño del Estado, la privatización de las empresas propiedad del Estado (EPEs) y la desregulación económica fueron las estrategias adoptadas para el diseño del Estado mexicano, como lo fueron también para otros Estados.

A partir de la implementación de estas reformas al Estado mexicano, este empieza a perder sus capacidades y funciones de Estado-nación, a pesar de que mantiene altos índices de intervencionismo para que las reformas beneficien a los dueños del capital. Estas reformas a la estructura del aparato del Estado mexicano dieron sentido a su transición y cambio de un modelo de Estado Benefactor a un modelo de Estado Neoliberal, transición y cambio que son entendidos en los términos de Roitman como "formas de comportamiento, pérdida de la centralidad de la política, pérdida de la construcción de la ciudadanía plena, la transformación de la política en una técnica electoral, en un problema de mercado, en la pérdida de la ética y los principios como el quehacer de la política y lo político evidentemente se dieron en México a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, continuó en su momento con Salinas de Gortari, también con Zedillo y ahora con Fox" (Avilés y Velázquez, 2000).

Pero la crisis del 82 también fue significativa por la "crisis de hegemonía" que se presenta a la vieja alianza entre el Estado y los empresarios, representantes del capital nacional y los beneficiarios directos de las políticas económicas basadas en el modelo de sustitución de importaciones. La nacionalización de la banca fue el evento que provocó la ruptura del bloque político y empresarial hegemónico y sus representantes, los políticos y gobernantes del partido de Estado y las fracciones del gran capital, que al decir de Fazio (2000a) vivían en un "tortuoso amasiato" de "turbios enjuages subterráneos y la tupida red de complicidades".

Con la nacionalización de la banca, los capitalistas mexicanos que se sintieron "traicionados" rompieron la alianza con la burocracia política y redefinieron la estrategia para su recomposición. Bajo el impulso de un Estado interventor pero con una fuerte orientación tecnócrata neoliberal para beneficio de los dueños de los grandes capitalistas, se inicia la reinvención del Nuevo Estado mexicano con base en un "proceso de negociación neocorporativo entre los empresarios y el gobierno, fincado en compromisos e intereses mutuos".

Bajo el influjo del PRI, el Estado mexicano inició la modernización económica y su inserción en los procesos de globalización. Como respuesta a las tendencias de la globalización económica de los mercados y la revolución tecnológica que avanzaron en las dos últimas décadas del siglo pasado y con el pretexto de sanear la economía, el Estado mexicano ha privatizado empresas estratégicas del sector público, muchas de las cuales han sido adquiridas por inversiones extranjeras que han penetrado ya en todos los sectores de la economía. La alta concentración del capital en pocas corporaciones mediante los procesos de privatización de empresas públicas ha desencadenado el fenómeno de la privatización política.

En 1987 la inflación alcanzó el 159 por ciento y un crack en la bolsa devoró a ahorradores. En el interior del PRI, un grupo disidente forma la Corriente Democrática que luego se escinde para formar un nuevo partido el Frente Democrático Nacional. El Presidente Miguel de la Madrid es el primero que soporta interpelaciones en su sexto y último informe de gobierno. El 6 de julio de 1988 Salinas alcanza el poder en medio de una crisis generalizada de legitimidad y el descrédito total por la caída del sistema que controlaba los resultados de la contienda electoral presentándose irregularidades y fraude electoral.

Con Salinas se profundizan las reformas neoliberales: se liquidan las empresas paraestatales, se acelera la apertura de la economía, se firman tratados de libre comercio con Chile, Estados Unidos y Canadá, Venezuela y Colombia, Costa Rica, Nicaragua, y Bolivia. Las reformas al Artículo 27 constitucional permitieron las inversiones en el campo mexicano. El activismo del Estado mexicano durante el salinismo permitió la transferencia de empresas públicas a determinados grupos financieros que sostenían vinculaciones de complicidades políticas.

Los programas de privatización de las empresas paraestatales en México han sido vastos en sus alcances y hasta cierto punto, exitosos en la reducción del papel de un Estado que era intervencionista en la economía. México es el segundo privatizador de América Latina en la década de los noventa cuando el gobierno transfirió a particulares activos por 31 mil 458 millones de dólares, que representan 20.4 por ciento de la venta total de empresas propiedad del Estado (EPEs) en Latinoamérica. Las privatizaciones alcanzaron un monto de tres mil 160 millones de dólares en 1990, para aumentar a 11 mil 289 millones en 1991 y sumar seis mil 924 millones de dólares en 1992.

Para junio de 1992, el gobierno había privatizado 361 de alrededor de 1200 empresas propiedad del Estado. Las privatizaciones hechas en 1993 representaron dos mil 131 millones de dólares, en 1994 fueron de 766 millones y en 1995 sólo de 167 millones de dólares. En 1996 aumentó a mil 526 millones de dólares, en 1997 creció a cuatro mil 496 millones y en 1998 la venta fue por 999 millones de dólares. El informe del Banco Mundial señala que entre 1990 y 1998 las privatizaciones de empresas públicas alcanzaron un monto de 154 mil 225 millones de dólares, cantidad apenas inferior al saldo de la deuda externa total de México que fue de 159 mil 959 millones de dólares en 1998.

El año que más ha captado es 1991 con un total de 11 mil 289 millones de dólares, mientras que en 1998, México captó 999 millones de dólares. México planea privatizar bienes en aeropuertos, ferrocarriles y en el sector energético, la industria petrolera y eléctrica.

El beneficio de las privatizaciones no ha sido el mayor para los mexicanos a pesar de que sus defensores tratan de demostrar lo contrario. Según datos del privatizador Salinas de Gortari "las privatizaciones abrieron espacio presupuestal para financiar el gasto social sin recurrir a déficit fiscal". Los efectos no han sido del todo satisfactorios. Los programas de privatizaciones en México han reducido el empleo a la mitad mientras que la producción se ha incrementado en un 54.3% a pesar de una significativa reducción en inversiones. Un estudio anterior de Galal et al. (1992) analiza el desempeño después de la privatización de doce compañías de diferentes países, incluyendo México, documentando que hubo incremento del 26 % en las ganancias en once casos e incremento de los beneficios a los trabajadores en tres casos.

El 17 de diciembre de 1993 el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Tratado de Libre Comercio con México. Las reacciones no se dejaron esperar. El primero de enero de 1994, fecha en que entró en vigor el Tratado, los indígenas del Estado de Chiapaz, se levantaron en armas como el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. Rencillas de grupos políticos al interior del PRI conducen a los asesinatos del candidato a la Presidencia de la República y del Secretario General del Partido. A pesar de la situación conflictiva y los graves problemas, la economía no se desquició y Salinas rinde su sexto informe en 1994 con ánimo victorioso. Zedillo arriba a la Presidencia con la mayor legitimidad democrática dada por mayor número de votos a su favor en la historia de México, 17 millones. Pero repentinamente, después de 21 días de haber tomado el poder el presidente Zedillo, se enfrentó con la peor crisis económica en la historia de México, denominada el "error de diciembre".

Dos años después de la privatización del sistema bancario mexicano , México era forzado a devaluar su peso en diciembre de 1994, lo que repercutió en una crisis macroeconómica caracterizada por una volatilidad creciente en la tasa de cambio, la devaluación del peso seguida por una crisis del sector financiero y el rescate para salir del apuro. La caída de la Bolsa Mexicana de Valores significó la pérdida de la mitad de su valor, y los precios de las acciones para las principales compañías mexicanas que cotizan en Wall Street cayeron el 75% en pocos meses. Sin embargo, la crisis más profunda en los mercados financieros ocurrió después de que se había resuelto la devaluación y la crisis de incumplimiento de pagos. La mayoría de los créditos gubernamentales con grado de no inversión (caso de México), se caracterizan por debilidades en la gobernabilidad. Si las personas de la localidad y los inversionistas extranjeros tienen temor a que se devalúe el peso mexicano, convertirán pesos en dólares.

La restructuración de la deuda soberana durante la crisis mexicana de 1994-95 ha sido ampliamente estudiada para comprender la forma en que los mercados financieros, el gobierno y las instituciones multilaterales responden a las cuestiones de gobernabilidad. La crisis mexicana dejó como enseñanza la problemática de sostener tasas de cambio fijas en un entorno de movilidad del capital internacional. México no se recobró porque su sistema financiero débil se haya fortalecido con la interevención del Fondo Monetario Internacional (FMI), sino porque se benefició con el incremento de exportaciones a Estados Unidos como resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el crecimiento acelerado de la economía vecina.

Las crisis económicas recurrentes por las que ha pasado la economía mexicana aunado a las debilidades institucionales para limitar los alcances en el tejido social han sido las repercusiones de la aplicación de la política económica neoliberal y los factores clave del deterioro de la gobernabilidad de la sociedad. Uno de loa más perversos y perturbadores aspectos de la crisis económica ha sido su efecto en los grupos de la población más vulnerables. En términos generales, las políticas económicas implementadas en la mayoría de los países latinoamericanos presentan rasgos coincidentes aunque con algunas diferencias en el diseño de los paquetes.

Sin embargo, los motivos y circunstancias de las diferentes crisis económicas por las que ha pasado México desde 1976 hasta 1994-95 difieren aunque han sido precedidas por períodos de elevado crecimiento económico que no se pudo sostener por los desequilibrios que causaron.. La crisis de 1976 muestra las limitaciones del modelo económico que consideraba que el crecimiento económico dependía de una mayor intervención del Estado. La crisis de 1982 tuvo su origen en la consideración de que el petróleo es la palanca del desarrollo económico orientado por una política activa del Estado preparado para administrar la abundancia, lo que derivó en altos niveles de endeudamiento externo y expansión irracional del Estado.

Comparada con la crisis de la deuda de los ochenta y con la crisis mexicana de 1994-95, también llamada el "efecto tequila", ambas son consideradas tener como raíces los imbalances financieros del sector público, a diferencia de la crisis posterior (Asia, Rusia, Sudáfrica, Brasil, etc.) que tiene sus raíces en imbalances financieros del sector privado y que es la primera crisis financiera realmente considerada como global que golpea a las economías de los mercados emergentes. La crisis asiática explotó poco después de que las olas de la crisis del peso mexicano hayan bajado. Por lo tanto, parece que las crisis financieras ocurren más frecuentemente en los últimos años en las economías emergentes, como el caso de México.

Si se controla el desarrollo social democrático y el crecimiento económico de las economías emergentes, éstos no son significativamente más corruptos que los países más desarrollados. El paquete de préstamos del Fondo Monetario Internacional a México en 1995, fue una recompensa a la corrupción de los préstamos bancarios con más riesgos. Mientras más presten los gobiernos de otros países a México, más seguridad tienen los banqueros de otros países de recobrar sus créditos. En realidad la privatización de los bancos a grupos financieros surgidos "al vapor" y con complicidades entre inversionistas y políticos que aprovecharon el financiamiento de los organismos internacionales destinado al rescate de la crisis de la deuda. Sin embargo, sus deficiencias en el manejo de la crisis los llevó a fuertes endeudamientos que lograron transferir facturas con cargo a la sociedad.

En México se inició en 1995 un Programa de Modernización de la Administración Pública con acciones enfocadas a la modernización y fortalecimiento de la capacidad administrativa y a la eliminación de la corrupción, la descentralización de la función pública y la reorganización de las relaciones intergubernamentales dentro del sistema federal. El monopolio del poder y su uso discrecional que mantienen algunos miembros en las estructuras de gobierno es la principal fuente de conductas corruptas e impunes, por lo que se requiere de reformas institucionales profundas.

El programa pretende desarrollar mecanismos para una mayor responsabilidad y rendición de cuentas de las agencias de gobierno, en materia de administración de los servicios públicos, así como asegurar una mayor disponibilidad para establecer asociaciones con las organizaciones no gubernamentales. Hay que considerar que las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, políticos, laborales y ciudadanos han sostenido relaciones muy pobres con los gobiernos emanados del PRI, que siempre trataron de corporativizarlos, cuando lo que deseaban es ser más independientes, la base de su credibilidad e imparcialidad ante los ciudadanos que representan.

En 1996, las inversiones públicas y privadas en México se mantuvieron debajo de los niveles de los años setenta y ochenta. Los resultados de los procesos de globalización en México, constatan que se ha dado casi totalmente en una dirección: la entrada de empresas transnacionales y multinacionales, ahora denominadas empresas globales o negocios contemporáneos, las cuales en esencia, son foráneas, se han adueñado legalmente de recursos naturales, tierras, etc. y dejan pocos beneficios. Por ejemplo, el valor de mercado de la General Electric de 520 mil 250 millones de dólares es equivalente al producto interno bruto de México. 23 de las más grandes corporaciones transnacionales y multinacionales tienen ventas por valores superiores al producto interno bruto de México. Los gobiernos neoliberales han demostrado su ineptitud para reducir los daños de los procesos de integración mediante negociaciones más favorables que permitan aprovechar las ventajas comparativas y competitivas.

Al término del período comprendido entre los años 1982 y 2000 que marca el desarrollo e implementación del Modelo de Estado Neoliberal en México, los resultados en materia de desarrollo económico son desastrosos. A pesar de los avances en crecimiento económico en los últimos cuatro años, la economía mexicana muestra varios desequilibrios estructurales que se expresan en su déficit fiscal. Como afirma Lomas (2000a), la herencia del Presidente Zedillo "también incluye la gran presión que el servicio de los pasivos del rescate financiero ejercerá sobre las finanzas públicas en el mediano plazo…lamentablemente se prevé, la presente administración habrá heredado al próximo gobierno una gran cantidad de compromisos sobre las finanzas públicas y muchas insuficiencias en la atención de las demandas más sentidas de la población". La herencia de Zedillo asciende a más de dos billones de pesos en deuda pública, incluyendo las deudas del malogrado Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

El Presidente Zedillo deja un país con grandes diferencias en la distribución del ingreso, una alta concentración en una minoría y una mayoría en la pobreza, la cual según estimaciones de la Cepal se incrementó de 40.5 a 45.5 millones de mexicanos, de los cuales 26 millones, principalmente indígenas y campesinos, viven en la miseria. Las contradicciones del crecimiento se polarizan, según Boltvinik, experto en la pobreza y distribución del ingreso en México: "Cuando el modelo económico seguido hasta ahora en México logra generar crecimiento, lo hace acompañado de una creciente concentración del ingreso y un incremento de la pobreza entre los estratos más pobres…la crisis del 94 produjo un empobrecimiento brutal de la población…a partir de 1996, cuando se empieza a recuperar la economía, el ingreso se vuelve a concentrar…". En un período como el actual, en el cual la economía mexicana atraviesa por un auge al acumular 18 trimestres consecutivos de crecimiento, los beneficios van a un grupo muy reducido de personas: "hacia abajo sólo caen las migajas" sentencia (González Amador y Castellanos, 2000).

La pobreza aumentó del 36 al 38 por ciento del total de los hogares mexicanos en 1994 al 45 a 47 por ciento en 1998. Con datos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto en los Hogares (ENIGH) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) Entre 1994 1998, los hogares mexicanos que viven debajo de la línea de pobreza, con un ingreso mensual no mayor a 560 pesos a valor constante de abril de 1994, aumentaron de 69 a 76 por ciento del total. En términos generales, los investigadores coinciden en que la pobreza aumentó en más del 5 por ciento durante el sexenio de Zedillo. Esto redunda en la formación de una sociedad con grandes contrastes en la distribución del ingreso, donde 20 millones de mexicanos (20% de la población total), viven en condiciones de pobreza extrema y más de 40 millones (40% de la población), viven por debajo de la línea de pobreza.

En los tres últimos sexenios se ha privilegiado el control de la inflación por encima de los aumentos a los salarios mínimos contractuales, y por lo tanto, del nivel de vida de los trabajadores El Banco Mundial presenta cifras en las que 42 millones de mexicanos tienen niveles salariales por debajo de los veinte pesos diarios. Entre 1974 y el 2000, el salario real de los trabajadores tuvo un deterioro acumulado del 72%. Tan sólo durante el gobierno de Zedillo se presentó una fuerte pérdida acumulada cercana al 50 por ciento de los salarios reales, registrándose el poder adquisitivo más bajo de los últimos 18 años. Con datos de la Organización de las Naciones Unidas, el 64.5 de la población percibe dos salarios mínimos insuficientes para obtener los mínimos nutricionales; 40 por ciento de los hogares mexicanos son sostenidos por las mujeres con ingresos inferiores a los de los hombres hasta por un 20 por ciento (Jiménez, 2000). Más de la mitad de mexicanos en edad de trabajar se emplea en el sector informal de la economía.

El producto interno bruto por habitante asciende a 7776 dólares anuales, con un crecimiento de 3.4 por ciento en promedio anual, en el periodo 1964-1981. Sin embargo, después de que en l982 iniciara la implementación del modelo del Estado Neoliberal en México, el crecimiento del producto interno bruto cayó. Para el período del Estado Neoliberal comprendido de 1982 al 2000, el producto interno bruto por habitante solamente creció el 0.3 por ciento en promedio anual. La Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto en los Hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el año 2000, reporta que la generación de la riqueza aumentó en los últimos seis años, pero la distribución de la esta riqueza se volvió más inequitativa, con niveles de deterioro alarmantes.

El 10 por ciento de los hogares más ricos del país concentra 38.11 por ciento del ingreso nacional. En el otro extremo, la décima parte de los más pobres percibe apenas el 1.50 por ciento del total, cuando en 1996 fue de 1.79 por ciento. El ingreso mensual disponible en 10 por ciento de los hogares más pobres es 26 por ciento inferior al de 1994, mientras para la décima parte de los hogares más acomodados la reducción ha sido de 20 por ciento (González Amador y Castellanos, 2000). El coeficiente de GINI para el ingreso monetario en 1992 fue de 0.5086, en 1994 fue de 0.5137 y en el 2000 de 0.4889, el cual indica una tendencia a una disminución de la concentración de la riqueza nacional, más sin embargo sigue siendo alta.

El acelerado crecimiento económico no ha repercutido en la mejora de los niveles de vida de la población, debido a la inequitativa distribución del ingreso que impide la transferencia de beneficios macroeconómicos. Las altas tasas de crecimiento que alcanzaron el cuatro por ciento en promedio del producto interno bruto entre 1996 y el 2000, no han contribuido al mejoramiento del bienestar y estándares de vida de la familia, porque contribuyen en 2.4% real del producto per capita. De acuerdo a análisis de El Financiero (2000), de cada peso que se generó en la economía en el primer trimestre del año, 0.07 centavos le correspondieron a la población de escasos recursos, mientras que la población con altos niveles de ingresos obtuvieron 50 centavos.

El desarrollo regional también ha sido inequitativo y desequilibrado, sujeto a procesos de desarticulación económica que han sido resultado de los procesos de integración orientados hacia los mercados del Norte que vive el país desde 1994 en que se firmó el Tratado de Libre Comercio con Norte América.. Así, los mexicanos con más bajos ingresos per capita se concentran en siete Estados del Sureste del país que representan menos del 10 por ciento del producto interno bruto nacional, mientras que con una población similar, seis Estados del Norte, generan el 23 por ciento de la riqueza nacional. El modelo exportador de crecimiento basado en mano de obra barata, sólo permite que un pequeño grupo de empresas se beneficien de los tratados comerciales de México con otros países.

La baja gobernabilidad en México, por ejemplo, tiene sus antecedentes en las debilidades de las políticas económicas, sociales, culturales, educativas, etc. y en las debilidades de sus instituciones a pesar de que en el pasado existía una fuerte presencia del Estado mexicano en la creación de instituciones y de políticas públicas. Se caracterizan como debilidades de la gobernabilidad: la corrupción oficial y privada, el tráfico de influencias, la corrupción e ineficiencia de los órganos judiciales, la influencia de los carteles de las drogas, deficiencias en la seguridad interna bajo la forma de grupos guerrilleros operando en áreas rurales y la violencia en las grandes ciudades.

Los déficits de gobernabilidad están relacionados con la legitimidad del sistema político, los cuales tuvieron su origen en las políticas económicas erróneamente implementadas por las elites que hicieron el diseño organizacional para la transición del Estado mexicano. México ha vivido populismos centrados más en las expectativas de gobernantes iluminados que en propuestas concretas de desarrollo nacional mediante un desarrollo institucional. El Estado mexicano ha logrado mantener su legitimidad mediante una política de protección social parcial y promesas futuras de mayores beneficios que favorezcan a los diversos grupos sociales.

En la actualidad, la forma en que se visualiza en México la implantación de la gobernabilidad, se reduce a lograr la normalidad política, la cual es la preocupación por subordinar la democracia electoral a la gobernabilidad del sistema y no necesariamente la democracia tal y como se expresa en la Constitución Política de os Estados Unidos Mexicanos, que la define "no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo" La democracia electoral no solamente tiene como condiciones suficientes elecciones libres y justas, pero los procesos electorales tienden a ser más libres y justos sólo cuando es la culminación de un proceso democrático continuado y no cuando se le subordina.

Para el caso de México específicamente, un factor del riesgo político consistentemente alto (calificado como "BB", grado de no inversión, hasta que recientemente ha cambiado el status) es "la calidad de la gobernabilidad" que abarca "la calidad de las instituciones del sector público; la eficiencia de los servicios gubernamentales y la capacidad del gobierno para establecer la estabilidad macroeconómica. En un análisis de factores dinámicos, la estimación del índice de riesgo nacional mensual es determinante para las proporciones de las importaciones a las reservas y la deuda a las exportaciones. En el riesgo nacional, la inestabilidad sociopolítica es un importante componente.

Un aspecto importante es determinar las incertidumbres involucradas en las transferencias de los gobiernos regulares a fin de evaluar las posibles incertidumbres de la elaboración de las leyes. Los cargos constitucionales del gobierno (como resultado de las elecciones) se acompañan usualmente por grandes cambios en las reglas y regulaciones que tienen un impacto en los negocios.

Con respecto a las incertidumbres de la aplicación de la ley, es importante determinar si las empresas tienen confianza en las habilidades de las autoridades del Estado para proteger los derechos de propiedad y para garantizar un proceso judicial predecible. El robo y crimen son problemas serios que pueden substancialmente incrementar los costos de hacer negocios. No se tiene confianza en que las autoridades del Estado protejan a las personas y su propiedad de acciones criminales. La impredictibilidad de lo judicial presenta un problema mayor para las operaciones de los negocios. La inseguridad pública en México ha colocado al país en una situación cercana al caos, rebasando a las instituciones que fueron los pilares de un sistema ya en descomposición, como el caso del PRI.

En México, los principales obstáculos para los empresarios son el crimen y el robo, seguido por una inadecuada oferta de infraestructura, inflación, corrupción y financiamiento. Sin embargo, existen empresas que no pagan impuestos, o bien sus pasivos los han transferido a deuda pública mediante mecanismos de rescate a los bancos acreedores, cuando éstos han tenido problemas financieros.

En resumen, los gobiernos priístas dejan como saldos las "heridas abiertas en la conciencia nacional" por los conflictos indígenas de Chiapas, niveles crecientes de pobreza, el aumento de la economía informal, el incremento de la violencia y la inseguridad pública, corrupción e impunidad, las condiciones precarias de la micro, pequeña, mediana y gran empresa y el deterioro del sector agropecuario.

En suma, el problema actual de México es tener una buena macroeconomía pero una mala microeconomía.

El modelo de partido de Estado, y más concretamente del PRI-Estado mexicano se ha agotado. La caída del PRI del gobierno federal y su pérdida de la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión en las pasadas elecciones es un acontecimiento que constituye una nueva etapa que da lugar a la alternancia del PAN en el poder político mexicano. A diferencia de las demás alternancias en el poder que ha habido en México, ésta ha sido por la vía pacífica y en un ambiente de estabilidad política, materializando la llegada de un partido contrario al que detentaba el poder.

Durante las últimas cuatro administraciones no ha sido evidente la transferencia de poder bajo condiciones de estabilidad económica y política. Era necesario la desaparición del Estado-PRI. El último sexenio priísta coincide más con un cambio de partido que con cambios de un régimen político centrado en un partido de Estado y caracterizado por la hegemonía de un partido político, el PRI, que detentó el poder por un período de setenta y un años, de 1929 a 2000, y que sirvió de sustento a un sistema presidencialista con poderes meta-constitucionales, omnipotente sobre los otros poderes (legislativo y judicial) y sobre las esferas de la vida económica, política, social y cultural.

El cambio de gobierno implica reacomodos acordados y no acordados entre los intereses políticos y económicos. En primer lugar, la renuncia del presidente a los poderes y al sistema de patronazgo establecido por el PRI a todos los presidentes que salieron de sus filas. Sin embargo, el cambio de partido en el gobierno puede mantener las mismas estructuras presidencialistas, cuyos antecedentes más remotos se encuentran en el Huei Tlatoani, o máximo señor, jefe militar, civil y religioso entre nuestros ancestros Aztecas, que luego derivó en una cultura política. Para un verdadero cambio de régimen político hacen falta muchas reformas y transformaciones estructurales tales como acordar reformas a la Ley de Administración Pública para cambiar la cultura política, reformas al régimen gubernamental, a fortalecer el poder Legislativo, independizar al poder Judicial y acotar al poder Ejecutivo, especialmente en sus atribuciones de jefe de gobierno y de jefe de Estado.

En las últimas dos décadas, en medio de grandes crisis financieras y con un proyecto neoliberal de política económica se detuvo el crecimiento en la década de los ochenta y lo acelera en los últimos cuatro años de los noventa, da como resultado grandes desequilibrios y desarticulaciones en los procesos económicos y el desmantelamiento de los mecanismos de defensa del Estado mexicano. En la etapa decadente del sistema PRI-presidencialista aumentó la corrupción, se destruyó la cohesión social, los niveles de pobreza aumentaron alarmantemente y concentró el ingreso "a favor de una minoría que coincide en su composición y voracidad con las elites criollas herederas y beneficiarias del sistema de castas de la época colonial y del sistema porfirista." Así que en parte la derrota del PRI como partido hegemónico se debe a la repulsión colectiva a una política económica que ha aumentado los niveles de pobreza, corrupción y violencia social. El PRI perdió su capacidad de respuesta frente a una sociedad civil más activa.

El último Presidente del PRI, Zedillo, "se cortó el dedo" que designaba a su sucesor y le heredaba el poder, para abrir la elección del candidato tricolor. Sin embargo, no logró frenar la maquinaria de compra y coacción del voto, pero disciplinó a los más reaccionario para impedir que se volvieran a robar la elección y luego, al perder en la contienda frente a los otros partidos, para dar paso a una transición democrática que refuncionaliza el sistema. En pocas horas se ha pasado de un régimen de partido hegemónico y gobierno autoritario, hacia un sistema más democrático, concluyendo el proceso democrático de transición, entregando el poder en condiciones de normalidad económica y sin incertidumbre acerca del cambio de gobierno o de régimen.

La transición del unipartidismo a la democracia. Sin embargo, hasta cierto punto, esta transición democrática es muy cuestionada, porque lo que realmente se ha dado es un cambio de partido en el poder. En cualquier transición, es evidente que la abdicación total de aquéllos poderes que tienen que ver con el control del proceso político, dejaron vacíos de poder cuyas consecuencias han sido adversas. Todavía más, está por verse si el sistema democrático mejora las condiciones de vida de los mexicanos. Ciertamente, no hay un cambio de régimen político, sino la profundización de la política económica neoliberal que ya se venía aplicando en México desde mediados de los ochenta. Termina la era de 71 años del partido hegemónico del PRI y se espera que también termine la era del presidencialismo mexicano.

El cambio del sexenio y de partido político en el poder bajo el mismo régimen político, al igual que la forma de acceso al poder político ha sido por la vía democrática, lo que ha modificado las expectativas y desempeños del funcionamiento de la vida pública nacional. En parte estos cambios han sido el resultado del hartazgo creado por el partido político que venía gobernando. Sin embargo, as altamente cuestionable la forma en que se apeló al "voto útil", y no al "voto ético de los principios y los proyectos", condicionándose a los electores que en el PAN estaba el cambio y construyéndose un espacio de mercado electoral sobre una falsedad que fue aceptada aunque han explicado porqué y que "no significaba de ningún modo un dique de contención al neoliberalismo sino sólo sacar al PRI de Los Pinos" (Rodríguez Araujo, 2000).

Para algunos críticos escépticos lo que sucede es un simple cambio en la forma de hacer las cosas, más que en el contenido de las mismas. Por todos los medios viables a lo largo de tres años se satanizó al PRI y se vendió a la juventud despolitizada la idea de la necesidad y posibilidad de la alternancia en el poder político para crearles escenarios en donde multiplicaban oportunidades de movilidad social, educación y empleo.

El cambio de partido político en el mismo régimen representa una ruptura del viejo sistema político mexicano y una continuidad en los procesos de desarrollo conforme al modelo neoliberal impuesto por los intereses del capital transnacional. Así, el cambio puede ser significativo porque representa un balance final de un régimen presidencialista y de su modelo económico neoliberal.

Con el cambio de partido en el poder termina la era del PRI, ya conocida como la era de los dinosaurios, con 22 presidentes del mismo partido que cubren un período de setenta y un años, miembros de la "familia revolucionaria", con un estilo de gobernar patrimonialista donde investidura y bienes públicos atribuibles al cargo público se consideran propiedad personal, así como al paternalismo que facilita el control político a través de las prácticas corporativistas, clientelares y viciadas de quienes tienen menos recursos, pero amarrados a cadenas de corrupción y complicidades. Los intereses corporativos que condicionaban el voto de los ciudadanos también oprimían sus derechos políticos y humanos. Resulta interesante analizar los cambios de los antecedentes de las carreras de los presidentes, siendo los primeros militares, quienes cedieron el poder a los abogados para luego dar oportunidad a los economistas y finalmente arriba un empresario.

Al abrirse la alternancia a la Presidencia de la República, el final del último sexenio priísta ha sido diferente a los últimos cuatro sexenios que dejaron como herencia crisis económicas y deterioro político, aunque todavía persisten las evidentes expresiones de descomposición política, violencia y corrupción. En los dos últimos sexenios, el de los Presidentes tecnócratas que privatizaron la política, Salinas (1988-94) y Zedillo (1994-2000), representaron políticamente a los dos grandes grupos locales de funcionarios y empresarios con poder real. Los dos presidentes tecnócratas tuvieron como característica gobernar en función de enfoques personales de las relaciones sociales y de poder, dando lugar a la emergencia de complicidades entre los tecnócratas y los empresarios ampliando la relación capital-política, los hombres que detentan el poder económico, sin respetar las reglas del sistema ni la correlación de fuerzas sociales y política.

La tecnocracia mexicana ha sido insensible e indiferente a los problemas sociales. Ambos, Salinas y Zedillo pueden ser identificados más que como gobernantes, como administradores o gerentes de la política económica. La estrategia sobre la que centraron la implementación del modelo neoliberal consistió en mantener un grupo reducido de economistas tecnócratas en una red de alianzas y complicidades con grupos capitalistas, a los que Ortíz Pinchetti (2000a) denominó la nomenklatura, con intereses financieros insaciables y que fueron los principales beneficiarios del modelo. En la estrategia de Salinas, a través de apoyos al PAN se apalancó políticamente a su grupo de interés empresarial y financiero, en sus meganegociaciones cupulares con el grupo de Zedillo (Soto, 2000) en la que victimaron al PRI. La descentralización del poder iniciada por Salinas y profundizada por Zedillo consolidó la participación de los grupos financieros que forman la nomenklatura.

Salinas primero y después Zedillo, gobernaron con autoritarismo para implantar la política económica impuesta por instituciones supranacionales y fueron flexibles en la política donde ampliaron las libertades políticas con criterios pragmáticos, siempre y cuando no contravinieran la política económica. Así se cumple el principio de que toda reforma económica sin la reforma política es insuficiente y origina peligrosas contradicciones. El proyecto modernizador de los presidentes tecnócratas, neoliberal y globalizador promovido por los gobiernos del PRI y que le costó a éste el poder porque no ha sido capaz de entregar beneficios a la mayoría de la población, se sustentó en un orden económico sustancialmente diferente al que orientó a los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana.

En el sexto informe de gobierno de Zedillo, el Diputado de la oposición Batres lo acusa de pretender ser un "Robin Hood al revés, toda vez que expropia a los pobres para darle a los ricos…". Los gobiernos neoliberales afirma, han actuado de manera "desalmada, nada los conmueve y sus grandes obras son sus negocios, que en unos cuantos años permitieron enriquecer a unos cuantos" (Rodríguez López, 2000). Pero lo insólito fue que las mismas fracciones parlamentarias del PRI abandonaron la vieja costumbre de salir en defensa de su presidente para criticarlo reconociendo yerros e ineficiencias de su gestión. Sólo la inconformidad social puede hechar a perder el proyecto de modernización neoliberal, la cual supone un período de medidas de ajuste de 25 años durante el cual pretenden conservar el poder, basado en el control del ingreso del trabajador y no del capital.

Si bien se privilegió la estabilidad y la renovación del crecimiento económico con altas tasas del producto interno bruto que alcanzaron el 7.8 por ciento en el primer trimestre del 2000, Zedillo cierra el período priísta sin haber cumplido su promesa de campaña, el tan anhelado "bienestar para sus familias" y deja también desmanteladas instituciones públicas que promovían el bienestar social. Sin embargo, es preocupante que las altas tasas de crecimiento del producto interno bruto sean transitorias y provoque una más de las crisis con altos costos a las que nos hemos acostumbrado en el pasado.

La descentralización del poder iniciada por Salinas y profundizada por Zedillo, consolida un escenario de poder compartido con gobiernos divididos formado por los avances electorales de partidos opositores al PRI, los cuales constituyen contrapesos reales de los gobiernos federal, estatales y municipales. La consolidación de este nuevo proyecto modernizador fortalece al PAN, el relevo natural que "sólo pretende reformas en el nivel de la administración política que debe suponer la modernización neoliberal" de acuerdo con Montemayor (2000). Así el PAN avanza el proyecto neoliberal globalizador y se da paso a una administración federal y municipal acorde con la "modernidad".

Así, el PRI sufre una involución por los procesos de ajuste del proyecto durante estos últimos 18 años, entre los que destacan su propia transformación ideológica para acomodarse a los principios neoliberales, totalmente opuestos a la ideología revolucionaria y los cuales convierte a la etapa moderna de la Revolución Mexicana. Montemayor (2000) argumenta que el PRI apostó, por obediencia, contra sí mismo. El proyecto modernizador "socavó su estructura y, sobre todo, los valores entendidos de equilibrio de fuerzas y grupos que participaban en el anterior sistema político mexicano". Para los neoliberales, las medidas de ajuste tomadas durante los últimos tres gobiernos de México son correctas y por lo mismo, los conflictos del país sólo provienen de la corrupción e ineficiencia de los gobiernos príistas.

Otra lectura de la caída del régimen del PRI-Estado es la disfuncionalidad que alcanzó la burocracia del aparato administrativo, con altos niveles de corrupción e ineficiencia, con una estructura autoritaria y vertical que sólo respondía a las decisiones presidencialistas pero mostraba su incapacidad para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. A este tipo de organización de la administración pública, según Barboza Rodríguez (2000) "obedece la generación de muchas obras inútiles y un enorme dispendio. Y, no pocas veces, un sector construye lo que otro destruye. Los mexicanos sólo sabemos de los "elefantes blancos" por la danza de millones de pesos. Los beneficios tangibles son nulos o pobres cuando los hay".

El siglo XXI inicia en México con el nuevo paradigma de gobierno empresario. El PAN gana las elecciones a la Presidencia de México en el 2000 con el carismático Vicente Fox, el candidato que con una campaña mercadotécnica orientada a enfatizar la contradicción régimen-antirégimen, se sentía llamado a sacar al PRI de Los Pinos, la residencia presidencial, dando así por terminado el fin del régimen del PRI e iniciando un nuevo ciclo. En parte, la gente votó en contra del PRI más que a favor de Fox. Fox ha dicho que su gobierno será de transición hacia el nuevo régimen democrático. En su discurso del 2 de agosto cuando recibió su constancia de Presidente Electo, Fox sostuvo enfático: "Encabezaré un gobierno de transición plural e incluyente, capaz, con visión de Estado y con latos estándares de honradez y calidad" (Macroeconomía, 2000).

La endogamia del Partido-Estado en el poder durante 71 años había generando una estructura perversa con grandes taras que la sociedad mexicana ya no toleraba. Fox fue el beneficiario del voto determinante de los pobres marginados de los grandes centros urbanos y de aquéllos de las zonas rurales e indígenas rezagadas que renegaron del PRI. Sin embargo, no se cumplió el supuesto de que el "voto verde" de las zonas rurales y marginadas decidiría las elecciones a favor del PRI, aunque este partido todavía obtuvo mayoría, pero menor que en las pasadas elecciones federales de 1994. Este comportamiento electoral no se había manifestado anteriormente porque además los electores diferencian su voto para no otorgar todo el poder a un solo partido.

En estas elecciones del 2000, por primera vez en 71 años, el PRI pierde la presidencia de la República, evento trascendente para la vida política del país porque se cambia radicalmente la perspectiva política y las expectativas nacionales. Esta derrota del PRI como partido político hegemónico en el poder, es resultado de "la destrucción progresiva de la cohesión social: aquéllas normas y pactos expresos e implícitos que nos mantenían unidos a los mexicanos. Y esto se debió a la inclinación del gobierno a favorecer a la oligarquía criolla y a la concentración monopólica del capital" de acuerdo a Ortíz Pinchetti (2000).

Por su parte, Touraine (2000) argumenta que el resultado de las elecciones que acaban de poner fin al largo reinado del PRI habría podido preparar un refuerzo de la acción política y de la intervención del Estado en un país cuyo crecimiento no ha reducido la desigualdad social. La economía crece pero no reparte los beneficios del crecimiento, es decir, genera riqueza pero también genera pobreza. Se anuncia lo contrario, la reducción del peso del Estado, a pesar de que el sector público ha sido tradicionalmente débil en México. La inserción de México en la economía global limita las opciones del poder de cambio institucional del Estado.

Se abre y se desborda el sistema político mexicano por movimientos que orientados por el cambio dan inicio a la protesta y al debate público más que a un nuevo proyecto político, más sin embargo, este proyecto democrático sólo se entiende desde una despolitización de la política. En realidad, el proyecto político y económico de Fox da continuidad al proyecto de los tecnócratas, más que ser una transición, porque lo único que se da no es un cambio de régimen político sino de alternancia de partido en el poder, aunque lo ideal hubiera sido la alternancia con alternativa, la necesaria alternancia en el sistema gubernamental, dadas las condiciones de los partidos. En todo caso, la transición política ha sido posible gracias a que el mismo modelo neoliberal ha desarticulado a la sociedad civil y a la ciudadanía. Lo que ha pasado en México, según varios analistas es que "triunfó una democracia de tipo caudillista ante una izquierda debilitada y en un marco de partidos políticos débiles y desestructurados que reflejan más bien elites decadentes y centralistas" (Muñoz, 2000). Sin embargo, es altamente cuestionable hasta dónde se ha dado el tránsito a un régimen democrático y la sepultura de un régimen presidencialista dictatorial.

Más que continuidad, se profundiza el modelo neoliberal con la llegada de Fox a la presidencia de México, quien representa un tercer momento de la economía neoliberal impulsada por Salinas. No obstante, los tecnócratas han sido golpeados políticamente por los empresarios, la nueva clase política que emerge de las organizaciones locales de pequeños y medianos empresarios principalmente del Norte, que han querido liberar al país de la corrupción y del clientelismo del partido de Estado. El Estado Empresario estaba siendo desmantelado desde el arribo de los economistas tecnócratas al poder y ahora con un empresario como Presidente de México, el Estado mexicano se ha convertido en un Estado de Empresarios, que ven la democracia como un buen negocio, es decir, la Coca-colaficación de México, en referencia a los antecedentes gerenciales de Fox en la transnacional.

Según un líder empresarial canadiense, para Fox, gobernar México no será lo mismo que dirigir Coca-Cola, pero su experiencia empresarial le ayudará mucho a tomar decisiones (Inclán, 2000). El analista Rubio (Jiménez Lazcano, 2000) describe el perfil de Fox como "una persona evidentemente práctica, pragmática, que claramente se adapta las circunstancias; (sic) tiene un sentido muy claro de sus prioridades y tiene un sentido muy claro de cómo utilizar y para qué quiere utilizar a cada una de sus gentes, y en ese sentido lo que debemos esperar es a una persona muy poco ideológica, muy poco dogmática y muy adaptable al entorno que se vaya presentando en cada momento."

Resulta paradójico que en un país donde más del 60% de la población es pobre, gane las elecciones un partido de derecha que postula la profundización del modelo neoliberal responsable del aumento de la pobreza. La llegada de Fox al poder, según Fazio (2000a), "coincide con la consolidación de un proceso de concentración y oligopolización económica y centralización política en la toma de decisiones, y expresa que las formas anteriores de representación clientelar y corporativa fueron desplazadas por formas de representación directa que se habían venido manifestando de manera larvada. Asistimos a un proceso de regresión neoligárquica, en el sentido de que los grupos propietarios ejercerán directamente la dominación- aunque lo hagan por medio del Estado-, remplazando a una parte de la alta burocracia gubernamental y eliminando a la antigua mediación conciliatoria representada por la "clase política" priísta".

Con Fox el presidencialismo mexicano transita del autismo al caudillismo democrático. La llegada de Fox a la Presidencia de México, según Krauze (citado por Fazio, 2000b) fue el resultado de "una búsqueda directa, inmediata, empresarial al poder. Vinos de nueva mercadotecnia en viejos odres de caudillismo…un caudillismo plebiscitario con ribetes mesiánicos, muy peligroso en un país al que le costó mucho la separación entre la iglesia y el Estado" No obstante el fantasma del presidencialismo no se ha alejado con Fox en la presidencia, quien ha asumido actitudes de "caudillo" del pueblo debido a que todavía están presentes los patrones de comportamiento que lo alientan, solapadas en las lagunas existentes en la Constitución. Un verdadero cambio de régimen, implica una profunda Reforma del Estado con una nueva Constitución, y en las que las diversas fuerzas políticas acote la actividad presidencial.

Fox es el primer presidente empresario surgido de las elites locales que se revelan contra el centro del país, representante de la opción de la "corriente electoralista" de las elites empresariales dentro del PAN, especialmente la denominada de la fracción del Norte o "Grupo Monterrey", con el que tiene vínculos estrechos y que apoyado en la ideología de la nueva derecha mexicana, se expresa en la corriente pragmática o neopanismo, opuesta a la doctrina y a la ortodoxia tradicionales. Según el exlíder y dos veces candidato Panista, Pablo Emilio Madero, sobrino del demócrata antirreeleccionista Francisco I. Madero, "El eventual triunfo de Vicente Fox Quezada en la elección presidencial coronaría el acuerdo de un grupo de empresarios que en 1982 decidieron, en una reunión en Cd. Juárez, Chihuachua, infiltrar y controlar al Partido Acción Nacional (PAN) para obtener intereses particulares. Un virtual ascenso del neopanismo al poder constituye un grave riesgo para México porque imperaría el principio pragmático del interés personal y no del bien común, y una vez como gobierno los vencería la tentación del autoritarismo para eliminar a opositores, lo que generaría desaliento nacional " (Ruiz Meza, 2000).

La propuesta de cambio de Fox es considerada imprecisa con respecto a la propuesta panista. Según Loaeza (Rivera, 2000) "El PAN y las clases medias que se expresan en él no son reaccionarios, por el contrario. Quieren un cambio político, les gusta la sociedad moderna, miran hacia el exterior. Aunque por otra parte, tal vez estén por una menor desigualdad social pero no por una igualdad absoluta, porque eso no les interesa. Tienen una visión antiigualitaria de la sociedad, a ellos no les interesa la igualdad sino la libertad. Libertad con orden, eso sí…La justicia social no es un tema panista…"

A diferencia de la corriente doctrinaria, la ideología del neopanismo, con ciertos atisbos de fascismo, defiende el "changarro" de los ataques del populismo oficial. Con un enfoque que dista mucho de la política socialdemócrata, con los llamamientos al "voto útil" que no reconocen diferencias ideologías más que el simple impulso de sustraer el poder del Partido del Estado, y bajo la presentación de un "partido virtual de la unidad", la clase política se recompone con el arribo de los empresarios al poder formal. Así los empresarios arriban al poder político desde los sindicatos empresariales a los que pertenecen, principalmente del Norte del país, usados como plataformas de lanzamiento.

No obstante, que el neopanismo combate el populismo oficial, la descomposición del sistema político mexicano fue la principal causa de que con Fox surgiera un nuevo populismo antipartidos. Según Touraine (2000), esta descomposición política va de la mano del avance de los grandes conglomerados económicos mundiales, la que en el caso de México además se expresa en una alternativa "a la mexicana" que difícilmente pueda considerarse "como una vía real para la creación de una verdadera democracia". Pero en el desbordamiento de estos marcos políticos, al igual que es peligroso dar prioridad a la caída de un régimen ya vacío de su substancia, también es peligroso alentar de este modo la unión ya demasiado fuerte entre un vago populismo y el liberalismo económico. La resistencia a esta tendencia populista que ataca al mismo tiempo al sistema político y a la capacidad interventora del Estado tiene que organizarse desde los movimientos populares que tengan la capacidad para manifestar y expresar las demandas populares de los sectores más desfavorecidos, de tal forma que realmente contribuyan a la renovación de la vida pública.

La transición al nuevo régimen no ha sido tan tersa y suave. Los caciques que detentaban el poder político y económico no se resignan a perder. El PRI herido de muerte ha entrado en disputas internas por el poco poder que queda y los grupos políticos se lanzan a la defensa de sus intereses y sus cuotas de poder con enfrentamientos violentos Sin embargo, la tersura de la transición política hace suponer que ha sido pactada por quienes mantienen el poder real.

El arribo de los empresarios al Estado mexicano significa el desplazamiento de los políticos del poder formal. En otras palabras, lo que cambia es el poder formal, porque el poder real permanece inalterable. El Consejo Mexicano de Hombres de Negocios deja de ser un grupo de presión ante el poder del Estado, para convertirse en el interlocutor de los empresarios frente al gobierno federal, y para determinar las decisiones económicas y políticas nacionales. Es decir, la toma directa del poder político por los grupos conservadores que detentan el poder económico hegemónico y neo-oligárquicos nacionales subordinados a los intereses del capitalismo transnacional para ejercitar una nueva estrategia de gobernabilidad que les permita el dominio y control directo de los medios para el logro de sus máximos beneficios (eficiencia), sin tener necesidad de recurrir a la intermediación de una clase política que se cobraba caro la mediación de los arreglos de los factores de producción, entre capital y trabajo, por ejemplo. Sin embargo, en la historia de la humanidad, el logro de la eficiencia no ha traído consigo la justicia social.

El nuevo Estado de empresarios se plantea administrar eficientemente el orden existente para garantizar al capital globalizador transnacional las mejores condiciones para sus inversiones en México. Ya el coordinador general en materia económica del equipo de transición garantizó "cero discriminación" para el empresariado mexicano. Por su parte, el dirigente de una de las más poderosas organizaciones de empresarios augura que el gobierno de Fox "será más amigable con el sector productivo, ya que tiene una visión clara de las necesidades de una empresa, para que pueda crear riqueza y más fuentes de trabajo" (Becerril, 2000).

Fox representa la alternancia en el gobierno y ha advertido que el propósito de su administración pública es eficientar la tarea del gobierno hasta un grado óptimo y eliminar así todo lo que tenga que ver con errores y corrupción. "Acotaré las funciones que le restan eficacia a la gestión gubernamental en perjuicio de toda la sociedad…tenemos que ponerle fin al centralismo plítico y administrativo y promover el fortalecimiento de nuestro federalismo para impulsar el desarrollo de las regiones y la viabilidad de los municipios a partir de su vocación, de sus recursos y de las expectativas de sus comunidades" (Macroeconomía, 2000).

Su proyecto de reingeniería de la administración pública federal sigue más el consejo del Banco Mundial basado más en el pragmatismo de cambiar la administración sin cambios en las leyes, se sustenta en estructuras más horizontales y flexibles y en criterios de eficiencia, eficacia, oportunidad, pragmatismo y calidad (Abascal y Macías, 2000a). La estructura horizontal y flexible, articulada por una planeación estratégica de alcance hasta el 20025 y que combina criterios empresariales con experiencias del sector público, está formada por superasesores y supergerentes que coordinen los trabajos en materia de desarrollo humano, seguridad y justicia, igualdad de oportunidad y renovación de la institución de gobierno, una coordinación general, Zares (anticorrupción y fronteras), y Secretarios de Estado en gobernación, desarrollo social, trabajo, empresas y desarrollo industrial, agricultura y hacienda.

Por su parte, los empresarios han declarado (Becerril, 2000) que están convencidos que el nuevo gobierno será "más amigable", piden opciones para la participación de la inversión privada en el sector energético (electricidad y petroquímica secundaria), rechazan que pretenda retomar políticas populistas y confían en que la relación es de cercanía pero serán críticos cuando se equivoque. Queda claro pues, que Fox gobernará al Estado mexicano con un enfoque de la Nueva Gerencia Pública, como si se tratase de la corporación "Mexico, S.A. de C.V." que pone a remate la petroquímica y el sector eléctrico a los capitales transnacionales globalizadores.

El acercamiento de Fox es franco y pragmático. Madero califica a Fox como "pragmático, un hombre dispuesto a echarse maromas, decir palabrotas, comprar votos, todo con tal de ganar las elecciones…caía en el pragmatismo, y eso me preocupa que pudiera ser más importante ese principio pragmático que el principio democrático…habría que ver hasta dónde un gobierno panista con Fox ‘estaría dispuesto a respetar al pueblo de México por opiniones en contra de quienes están en el poder’…ya como gobierno podría hacer lo mismo, a sea eliminar a los que se oponen…" (Ruiz Meza, 2000). El discurso de Fox se caracteriza por su estilo abierto y por el rompimiento con protocolos rígidos. Su franqueza, estilo de hombre de negocios y su legitimidad democrática, son puntos a su favor. Fox tiene la intensión de hacer de su gobierno un promotor dinámico del desarrollo, vigilante de los derechos humanos y un administrador pragmático de las políticas públicas domésticas. (Iglesias, 2000).

Como todo buen gerente, su pragmatismo para resolver los problemas es su principal activo para lograr el "consenso" al que aspira entre todos los sectores de la sociedad, pero también su punto débil en las negociaciones: trata de concretar "puntos mínimos de arranque" en donde todos los actores políticos se pongan de acuerdo, simultáneamente, en los asuntos económicos y políticos, ya que sus propuestas podrán ser cuestionados por una sociedad civil y un poder legislativo en el que no existe una mayoría de alguno de los partidos políticos. Será más fácil que lograr la cohabitación, construir el consenso necesario ante la falta de control absoluto de un Congreso que no será incondicional. Fox ha dicho al respecto que "mi gobierno no tomará decisiones, sobretodo en materia económica, que atenten contra los intereses de las mayorías. Nada se hará sin consenso y mucho menos a espaldas de la voluntad de los mexicanos" (Macroeconomía, 2000). En este sentido, hay consenso entre las diversas fuerzas políticas para acotar el poder presidencial mediante la supresión de las facultades meta-constitucionales y la creación del servicio civil de carrera independiente a la voluntad del ejecutivo.

Pero el pragmatismo de Fox no tiene bases ideológicas, no se pueden esperar la postulación de valores liberales sino un necesario escape de la jaula priísta, como bien sentencia Reyes Heroles (2000). Fox ha declarado que su gobierno no será de rencores y lo demostró retirando la demanda interpuesta contra quienes le acusaron de recibir dinero del extranjero confirmando ciertos rumores que en parte provenían del ex presidente Salinas de Gortari (Lomas M., 2000b).

El enfoque gerencialista del Estado considera a los ciudadanos como clientes a quienes hay que satisfacer con servicios de calidad total. El presidente intercambia la palabra cliente por la de ciudadano, con una visión en la que por ejemplo, resulta impropia para promover políticas de desarrollo comunitario indígena. Irrespetuosamente, Fox les ha ofrecido "vocho, changarro y tele" como respuesta a siglos de rebeliones por las injusticias cometidas en su contra por el sistema capitalista. Para el neoliberalismo centrado en las fuerzas del mercado, los indígenas no son consumidores y por lo tanto son desechables y en el mejor de los casos una población a integrar o asimilar en las capas más bajas de una fuerza de trabajo sin derechos y subordinada al capital, como la propuesta para entrenarlos a ser "jardineros de los gringos" hecha por Fox en campaña. Los analistas políticos coinciden en que "sus propuestas han sido contradictorias, a veces retrógradas, a veces esperanzadoras, pero carecen todavía de la coherencia que tendría un programa completo, tendríamos que ser críticos ante una posible nueva versión liberal con algunas atenuaciones" (Ortíz Pinchetti, (2000b).

Así, las fracciones que integran las elites dirigentes se recomponen con los empresarios para garantizar la continuidad del modelo económico, el dimensionamiento de una democracia funcionalista que se aparea con la disciplina del mercado y la refuncionalización estructural del sistema que permite una mayor reproducción del capital y la profundización de los instrumentos de dominación para marcar más las diferencias e injusticias sociales. Pero esta democracia auspiciada por un sistema autoritario de libre mercado es una ideología hegemónica de las elites del capitalismo transnacional globalizador que impone las decisiones en su beneficio. Sin embargo, el poder real permanece bajo el mismo control de los intereses capitalistas transnacionales.

Por otro lado, el PAN en el gobierno tendrá que afrontar el desgaste de la figura del Presidente como gobernante. Hay evidencias de que el estilo de gobernar de Fox será menos flexible en política y más autoritario en política económica que los presidentes anteriores, aunque afirme que son prioridades la atención a los pobres. Bajo esta nueva correlación de fuerzas diferente y con las mismas reglas de separación de poderes que establecen su autonomía, los asuntos públicos se manejan en forma más transparente. Los fraudes al sector público y la violencia a los conflictos ahora tienen un tratamiento más apegado al Estado de Derecho y la ciudadanía puede exigir el derecho a la rendición de cuentas y a la transparencia. El establecimiento de las condiciones materiales para el Estado de Derecho y el orden, será uno de los retos del gobierno.

La organización del nuevo sistema político va a condicionar la política económica.

De acuerdo al análisis de Bendesky (en Castellanos, González y Lomas, 2000) el auge macroeconómico del país en que recibe Fox y que se ha prolongado por más de cuatro años "está sostenido por factores coyunturales escondidos en la cuentas macroeconómicas como el elevado precio del petróleo, la entrada de divisas que ha abaratado el dólar, y la dinámica de la economía de Estados Unidos…puede cambiar su tendencia y hacer pagar los costos a toda la sociedad mexicana cuando esté en curso el gobierno de Fox.. Entre ellos estaría un ajuste del tipo de cambio, aumento en la inflación, mayor desequilibrio externo e incapacidad para resolver el tema de la pobreza". Así que el reto es mantener la estabilidad económica, incrementar el crecimiento económico y apoyar la competitividad e incrementar la productividad de los agentes económicos.

La transición política vendrá aparejada a una reforma económica pero no habrá un avance social. Se necesitan reformas económicas estructurales para modernizar el marco regulatorio de las actividades económicas en general y el fortalecimiento de la estructura funcional del sistema financiero. Recortes al gasto social en los rubros de educación y salud pública para adelgazar paulatinamente la burocracia mediante la transferencia de éstas funciones del Estado al sector privado. Fox a dicho que reducirá el costo de gobierno, sometiendo a una dieta rigurosa pero gradual a la administración pública federal en los próximos seis años. Cambios para eliminar el candado del 51% a la inversión nacional para dar mayor apertura a la inversión privada y extranjera y el fortalecimiento del sistema financiero.

El gobierno de Fox estará comprometido con una reforma fiscal integral y el endurecimiento de la disciplina fiscal. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó mantener una "prudente política fiscal para asegurar la continuidad de su favorable crecimiento y evitar el riesgo de un sobrecalentamiento en su economía", (Reuters, Notimex y Afp, 2000). Una reforma fiscal que erosionaría el principio de solidaridad, base del pacto federal que atiende a las desigualdades de desarrollo regional, sustento del desarrollo nacional.

Privatizaciones y apertura a la competencia del sector energético, especialmente a la industria eléctrica y petroquímica, a fin de que según los mismos empresarios, "el país funcione bien…los empresarios no quieren comprar Pemex o CFE. Como sector privado lo que deseamos es que nos dejen competir, participar en ciertos ámbitos de estas ramas productivas, para hacerlas competitivas al nivel internacional…no hay que poner candados a la inversión extranjera para que incursione en la electricidad e hidrocarburos. Las únicas reglas para los capitales nacionales y extranjeros deben ser una economía de mercado, apertura comercial y precios fijados por la competencia internacional" (Becerril, 2000).

Reformas al artículo tercero de la Constitución para introducir la libertad de la enseñanza y con ello la posibilidad de dar la oportunidad a la educación religiosa en las escuelas. Una racionalización de la legislación laboral es también necesaria, una reforma al artículo 123 para introducir una Nueva Ley Federal del Trabajo menos proteccionista de los derechos de los trabajadores, etc. La creación de más empleos y mejores salarios, son algunas de las propuestas del nuevo gobierno. En suma, la profundización del modelo del libre mercado.

Bajo un enfoque de la Nueva Gerencia Pública, el gobierno de Fox se propone profundizar en la descentralización de las decisiones mediante el fortalecimiento del federalismo, un federalismo post-PRI para transferir a los gobiernos estatales los recursos, facultades y responsabilidades. En materia económica, esta acumulación de recursos, facultades y decisiones dió lugar a lo que Zaid denominó "la Economía Presidencial". El proyecto de restructuración y reingeniería del gobierno federal se orienta con un criterio eficientista al adelgazamiento paulatino de la burocracia a fin de optimizar los recursos y reducir los costos de su funcionamiento.

El proyecto del gobierno de Fox se ubica en 8 áreas estratégicas: reestructuración de la Secretaría de Gobernación, modificaciones en la procuración de justicia y seguridad pública, redefinición de funciones de la Contraloría, modernización y reformas a la industria energética (petróleo y electricidad), replanteamiento de objetivos de desarrollo social, continuidad del proyecto económico y reactivación de la política exterior (Chávez, 2000a). En términos generales no se rectifica la política económica neoliberal prevaleciente en los últimos 18 años, sino más bien una profundización de la misma. Sin embargo, su proyecto de reestructuración de la administración pública federal asegura que "ninguno de los actuales servidores públicos se quedará en la calle sin oportunidades de empleo" (Chávez, 2000b).

La Reforma del Estado, la descentralización de las funciones y la reorganización de la burocracia gubernamental son impostergables para mejorar la democratización, gobernabilidad, administración pública e imponer el Estado de Derecho para la legalidad y la impartición de justicia. El desafío para organizar al gobierno consiste en estructurar un sistema de administración matricial multisectorial de la gestión pública (Barboza, 2000), con un doble propósito: coordinar las acciones sectoriales y distribuir en las estructuras de los gobiernos locales, atribuciones y facultades que tengan como finalidad el restablecimiento de la solidaridad y la cohesión social y que sean además incluyentes de los sectores sociales excluidos de los beneficios del desarrollo.

El reto principal del nuevo gobierno será el de construir nuevas estructuras institucionales que resuelvan los problemas de la nueva realidad que enfrenta el grupo empresarial en el poder, como por ejemplo, aquéllas instituciones que impidan las prácticas monopólicas y que sustenten la gobernabilidad de la sociedad mexicana. Esta gobernabilidad debe ser considerada como un mecanismo democrático que facilita las relaciones con los poderes públicos en los procesos de toma de decisiones para la formulación e implementación de las relaciones públicas, y establecer una relación armoniosa entre los tres poderes. En materia política, destaca consolidar la madurez de los procesos democráticos electorales, lograr la reconciliación política entre las diversas fuerzas políticas, fomentar la pluralidad política e ideológica en los órganos del Estado, impulsar los procesos de descentralización, federalismo y desarrollo regional y municipal.

Las nuevas instituciones que emerjan de esta reorganización descentralizada del gobierno deben estar orientadas a satisfacer las demandas de la ciudadanía abriendo canales para encauzar la participación social y ampliar la democracia mediante el reconocimiento de su ámbito territorial y de estructuras propias de organización pública, la elección directa de los representantes, la asignación de facultades al gobierno municipal, la capacidad de coacción, la disponibilidad de recursos no etiquetados y la gestión directa de servicios locales.

Con una estructura fiscal débil, el financiamiento de las funciones básicas del Estado no será posible. Otras funciones del Estado serán transferidas a la sociedad civil y al mercado. El gasto social tendrá un margen de maniobra limitado para apoyar la política social en materia de educación, salud, seguridad pública e infraestructura. Una educación pública, laica, gratuita y basada en los valores y la calidad, será el eje de la política social. Fox tendrá que establecer programas y mecanismos que reduzcan la pobreza y logren una justa distribución del ingreso, recuperen el ingreso real y se traduzca en beneficios a las familias, mediante la generación de oportunidades de empleo, fuentes de financiamiento, capacitación, etc., para todos. Sociedades filantrópicas y la iglesia católica se encargarán de desarrollar algunas de las funciones antes encomendadas al Estado Benefactor, cuando precisamente existía la separación entre la Iglesia y el Estado, tales como la asistencia social a los grupos excluidos y marginados.

La propuesta del modelo capitalista democrático para las economías de mercado de los países latinoamericanos necesita revisarse en función de los resultados expresados en incremento de la pobreza. Recuperar la credibilidad en el gobierno y su legitimidad son algunos de los principales retos que tiene la próxima administración de Fox, al igual que reducir el alto índice de pobreza mediante la creación de un millón doscientos mil nuevos empleos por año, mantener el crecimiento económico y el desarrollo económico. Se requiere la corrección de las desigualdades sociales a partir de una reorientación de la política económica. Abordar políticas públicas que combatan la desigualdad en materia de educación, de salud e infraestructura y de vivienda, es un tema impostergable

Se requiere una acción rectora y rectificadora del Estado para corregir las desigualdades, una economía que sea social, una economía humana, una política humanística en el sentido económico con un alto énfasis en el combate a la desigualdad. La política económica debe orientarse a generar condiciones de vida humana y no únicamente cambiar el sesgo que da al mercado una hegemonía indiscutida y orientar ciertamente sobre bases productivas, pero responsabilizar al Estado del combate a tales desigualdades. La política económica tiene que unificarse para reducir la pobreza con medidas propuestas como el establecimiento de la Banca Social para apoyar empresas familiares y asociativas, así como la creación de un pacto salarial gobierno- patronal- obrero, que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Se requiere un sistema político que transparente la gestión pública y se aplique frecuentemente la rendición de cuentas, que permita a los gobernantes estar más cerca de sus gobernados y se abra a la participación social el diseño y la implementación de las políticas públicas. Sin embargo, el discurso conservador panista y empresarial sólo reconoce la participación social de organizaciones no gobernamentales de asistencia privada con fines filantrópicos. No obstante que en esta coyuntura de alternancia de partido en el poder, la sociedad civil que siempre había mantenido una relación conflictiva con un gobierno que buscaba su control corporativo, ahora tiene la oportunidad para participar en el diseño del proyecto de país bajo una nueva relación con el gobierno.

Sin embargo, existe una fuerte preocupación porque se han presentado ciertos signos de amenaza y peligro en los gobiernos estatales de extracción panista, como en los casos de Jalisco, Chihuahua y Nuevo León. Los gobiernos panistas en estos Estados han dejado antecedentes negativos de represión a organizaciones civiles críticas relacionadas con la defensa de los derechos humanos, laborales, políticos y ciudadanos, y una falta de respuesta institucional ante situaciones de violencia cuando se buscaban compromisos. Esta huella hace suponer la existencia de un perfil amenazador del gobierno de Fox.

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